La irresponsabilidad de algunos políticos deja, de nuevo, decepción e indignación entre la ciudadanía española. Parece que nuestra clase política nunca haya escuchado una gran frase de Ernest Hemingway: “Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar”.
Hoy ha sido el turno de Fátima Báñez, la ministra de Empleo y Seguridad Social, quien ha hecho unas sorprendentes declaraciones en la presentación del número 100 de la revista de su Ministerio. Ha afirmado que estamos saliendo de la crisis y "se están viendo ya señales esperanzadoras". ¿Los datos de la Encuesta de Población Activa conocidos hace tres días son tranquilizadores? Quizá haya que recordar al Gobierno que 1 de cada 4 españoles está en situación de desempleo, un total de 5.778.100 parados.
Además ha matizado que no hay que preocuparse ya que “tenemos futuro”. Pero ¿a quién se estaba dirigiendo la Ministra, a todos los españoles o sólo a las clases poderosas? Futuro está claro que tenemos, el mundo no se va a acabar porque España necesite un rescate, sin embargo sí que el mañana puede ser bastante descorazonador para la clase trabajadora. Sobretodo si seguimos conociendo las reformas y artimañas de los políticos de nuestro país.
Hoy también hemos sabido que la Organización No Gubernamental Acces Info Europe deberá pagar 3.000 euros tras conocer la condena del Tribunal Supremo. La ONG quería saber, en 2007, el “desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y al convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción”. Pues parece ser que preguntar al Gobierno sale caro. El Tribunal cree en la culpabilidad de AIE ya que considera que no estaba preguntando al Gobierno sino pidiéndole explicaciones. ¿Acaso es, o debería ser, ilegal pedir cuentas al Gobierno? ¿A aquellas personas que, se supone, han sido elegidas democráticamente? ¿Dónde queda eso de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”? España es el único país Europeo con más de un millón de habitantes que no posee una legislación apropiada para poner trabas al secretismo gubernamental. ¿Podremos contar alguna vez los españoles con una Ley de Transparencia justa?
Pero eso no es todo. La Razón ha sorprendido hoy con su portada. “Los estudiantes menores de edad no podrán hacer huelga”. El ministro Wert cree que “que los alumnos no asistan a clase supone una pérdida de calidad de un servicio como es la enseñanza”. Nada tiene que ver la escasez de profesorado, el encarecimiento de las becas o los continuos cambios en las materias. Además añade que “un alumno no puede hacer huelga, ya que eso es un derecho laboral”. Obviamente al Gobierno le viene muy bien tener a los ciudadanos callados. Al fin y al cabo no son más que “algaradas”.
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